La Audiencia Provincial condena a indemnizar con 175.000 euros
a los apicultores de Málaga por la sequía de 2005.

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a la entidad Agroseguro, a pagar 175.000 euros, en concepto de principal más intereses, a los apicultores malagueños que contrataron en 2005 la póliza de seguro contra daños por sequía. Agroseguro, realiza la gestión general del sistema de seguros de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Los apicultores de la Asociación Malagueña de Apicultores, resultaron afectados por la sequía de 2005, año que según el Instituto Nacional de Meteorología fue el de más sequía en sesenta años, con especial incidencia en el tercio sur de la península. El entonces Ministerio de Agricultura publicó un Real Decreto con ayudas urgentes al sector para paliar los daños producidos por la sequía. La Junta de Andalucía publicó un Decreto de medidas excepcionales ante la situación de sequía en la provincia de Málaga. La prueba pericial designada por los juzgados constató que hubo en el periodo una intensa sequía en la provincia que provocó una disminución del 46,88% en la cosecha de miel.

Según la Agencia Estatal de Meteorología el año hidrometeorológico 2005 “…pasará a la historia de la climatología por haber sido, a nivel global, el más seco en España desde que se inicia el cálculo de volúmenes de precipitaciones…”

Aunque todo parecía bastante sencillo, dice la sentencia que “pese a ello, la entidad Agroseguro no reconoce que hubiera sequía en la zona, en ese periodo,…”. “Agroseguro, a la vista de las reclamaciones de los demandantes, pudo cerciorarse de la corrección de sus datos y visitar la zona que se reclamaba como siniestrada, posibilidad que contempla en su póliza, y que no realizó ignorando las quejas de los asegurados …”

Agroseguro, dice la sentencia “en el año 2006 emitió una circular comunicando que había procedido a modificar el método de evaluación anterior pues en la pasada campaña se habían enfrentado a una sequía extraordinaria en intensidad, duración y extensión.” Asimismo, la circular 63/2005 de la entidad reconoce que “el sistema establecido para detectar la sequía tenía desfases y distorsiones, por lo que se vieron obligados a efectuar un recálculo y revisión de los índices de vegetación, utilizando otra metodología”.

Representantes de la Asociación Malagueña de Apicultores y los afectados viajaron en 2006 a la sede de ENESA en Madrid, y se reunieron con el adjunto de la entidad y el director de Agroseguro para intentar, sin éxito, llegar un acuerdo económico favorable para ambas partes. ENESA y Agroseguro negaron la mayor, no había sequía suficiente, y no aceptaron ningún tipo de acuerdo económico. Fracasada esta negociación, los apicultores continuaron defendiendo sus intereses y presentaron reclamación a la oficina del Defensor del Asegurado, quién igualmente rechazó totalmente la reclamación.

Las Organizaciones Profesionales Agrarias, que forman parte de la Comisión General de ENESA e intervienen en todos los Grupos de Trabajo que se celebran en la misma para definir las condiciones de aseguramiento, tampoco realizaron ningún movimiento sobre el caso.

Según Fernando de Miguel, presidente de la Asociación Malagueña  de Apicultores, el siniestro era claro, y los apicultores hubieran aceptado una cantidad inferior a su valor, pero el asunto se convirtió en una lucha de David contra Goliath. Para los apicultores, continuar con la reclamación por la vía judicial, suponía un alto riesgo después de los fracasos en las reclamaciones, y podría tener un coste elevado en el tiempo y para las ajustadas economías de los afectados. Finalmente José Luis Espejo-Saavedra, abogado de la Asociación Malagueña de Apicultores consideró la probabilidad y los afectados presentaron una demanda ante los tribunales. Los apicultores contrataron los servicios de Antonio Gómez Pajuelo, como perito de parte y finalmente, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Málaga ha fallado a favor de los apicultores, con el pago de los siniestros por un importe superior a cien mil euros, más de 75.000 euros de intereses por la demora en el pago, y condena expresa al pago de las costas de la instancia.